Mientras en la “madre patria” teníamos que escuchar hace no mucho tiempo a asociaciones de escritores defendiendo los derechos de autor con argumentos como la copia privada no es un derecho (nota: sí lo es), en otros mercados editoriales más difíciles descubrimos casos de tolerancia sorprendentes, como el de disculpar la piratería de libros por dos factores: el elevado precio del producto y el fomento de la lectura.

Así lo ha explicado Reynaldo Lacámara, el presidente de la Sociedad de Escritores de Chile (SECH):

Antes en Chile se leía mucho y el precio de los libros era asequible a grandes sectores de la población; hoy comprar un libro es caro y se ha ido perdido la costumbre de leer, que es lo más patético y terrible. No se puede reprimir algo cuyas causas no son el hecho de delinquir, sino que hay una necesidad de lectura que no está siendo cubierta por los mecanismos normales.

Según los libreros chilenos, existe realmente un mercado negro editorial que es muy dañino. Pero se trata del que piratea libros de texto, de los que las familias no pueden adquirir la edición oficial por su elevado precio. El mercado de libros de ficción y divulgación también sufre dificultades, pero su enemigo no es tanto la piratería como los bajos índices de lectura en Chile. Según una encuesta hecha en el año 2000, en el 72% de los hogares no se compran libros nunca o casi nunca, y un 47% de los chilenos ni siquiera está dispuesto a leer.

El mercado negro de productos culturales, informáticos e incluso farmaceúticos conforma una importante economía sumergida en Chile que lo ha llevado a ser incluído en la lista negra de EE.UU. de países que no protegen suficientemente los derechos de autor. Otros dos países latinoamericanos estan en el punto de mira estadounidense, Venezuela y Argentina. Sin embargo, Lacámara insiste en que luchar policialmente contra la piratería no sirve de nada si no se atajan sus causas sociales y clama por una intervención estatal.

Hay gente que quiere tener acceso a la lectura, pero no puede, y de eso se tiene que encargar el Estado, que es el responsable de garantizar mínimamente la educación. (…) Una rebaja del IVA de los libros mostraría una voluntad política clara de las autoridades en el sentido de que el mercado no impera sobre la necesidad de educación.

El ejemplo de los escritores chilenos debería hacer reflexionar a los de este lado, inmersos en reclamar gravámenes como los del canon bibliotecario y culpando tan frecuentemente a internet de todos sus males. Seguro, el canon da algo de dinero más a corto plazo y llamar ladrón, pirata y criminal a quién intercambia textos redondea un poco más las ventas. ¿Pero que qué sirve pretender vivir de la literatura si al mismo tiempo se está matando el hábito lector?

Fuente: Papel en Blanco

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